El 21 de septiembre, el Sindicato de Propietarios de Agencias de Contratación presentó una queja ante la Asamblea Consultiva para solicitarle que bloqueara y anulara sendas decisiones del Ministerio de Trabajo con arreglo a las cuales se aprobaba un nuevo contrato unificado estándar para las trabajadoras y trabajadores migrantes domésticos y se limitaban al 30 por ciento las deducciones que las entidades empleadoras pueden hacer del salario de las personas empleadas en el servicio doméstico, que equivale al salario mínimo nacional.
El 14 de octubre, la Asamblea Consultiva falló en favor de las agencias de contratación por considerar que estas decisiones comportaban “grave daños” para ellas. No hizo ninguna referencia a los derechos de las trabajadoras y trabajadores migrantes domésticos, que Líbano tiene la obligación de proteger en virtud del derecho internacional.